Paraguay intensifica la lucha contra la minería ilegal de Bitcoin: 10.000 máquinas decomisadas en 2024

La Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE) intensifica su lucha contra las operaciones de minería ilegal de Bitcoin en el país. Recientemente, se llevó a cabo una intervención en la ciudad de Hernandarias, donde se detectó un funcionamiento ilícito que albergaba 693 máquinas mineras.

El hallazgo se realizó gracias a la implementación de sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA). Con este, los técnicos analizaron el consumo energético de la zona, revelando un aumento significativo en la demanda.

La lucha contra la minería ilegal de Bitcoin se intensifica con esta confiscación

Durante la mencionada operación, además de las 693 unidades de minería, se confiscó un transformador de 4.000 KVA. Los inspectores de ANDE encontraron un medidor manipulado que no registraba toda la energía consumida por el equipo conectado a la red eléctrica.

Según el informe oficial de ANDE, el medidor solo registraba 749.5 kW, mientras que la carga real alcanzaba los 2.151 kW, lo que permitió a los operadores ahorrar un 65% en sus costos operativos.

ANDE declara que esta acción «reafirma su firmeza en la lucha contra este tipo de actividad ilegal que perjudica gravemente la calidad del servicio eléctrico en la zona y afecta considerablemente las finanzas de la institución». Se estima que la operación de esta instalación causó pérdidas de aproximadamente $60.000 mensuales, que deberán ser compensadas mediante confiscación y multas.

Los casos de minería ilegal de Bitcoin son constantes en Paraguay. De hecho, la magnitud del robo de energía llegó a tal punto que las autoridades tomaron medidas radicales. Entre estas últimas se cuenta la modificación del Código Penal para aumentar las penas de cárcel a los mineros ilegales de criptomonedas.

693 equipos ilegales de minería de Bitcoin se decomisaron en Hernandarias. Fuente: Diario HOY

Las implicaciones de la nueva legislación

Como ya se mencionó arriba, el gobierno paraguayo tomó medidas drásticas contra la minería de criptomonedas no autorizada. En julio, el Senado aprobó una ley que impone penas de hasta 10 años de prisión para aquellos que sean responsables de este tipo de delitos.

Esta legislación busca abordar el robo de electricidad para fines comerciales o industriales. Asimismo, contempla la confiscación de equipos de minería involucrados en actividades ilegales.

La reciente intervención en Hernandarias es solo una de las muchas acciones llevadas a cabo en 2024. En lo que va de año, se han confiscado más de 10.000 máquinas de minería de Bitcoin. La Fiscalía, en conjunto con la Policía y ANDE, realizó el allanamiento del local donde se encontraron las 693 máquinas en funcionamiento y el mencionado transformador.

En este caso particular se identificó a la encargada del centro ilegal como Sandra Franco, quien enfrenta cargos por sustracción de energía eléctrica. La investigación comenzó tras una denuncia presentada por las autoridades de ANDE. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Franco, considerando la gravedad de su acto y la alta expectativa de pena carcelaria, que puede llegar hasta 10 años, según informaron medios locales.

En lo que va de año, los operativos antimineros ilegales neutralizaron numerosos centros clandestinos. Fuente: Diario HOY

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Impacto en la infraestructura eléctrica de Paraguay

La proliferación de operaciones ilegales de minería de Bitcoin afecta significativamente la infraestructura eléctrica de Paraguay. Al contar con abundante energía hidroeléctrica, especialmente de la represa de Itaipú, la llegada de mineros clandestinos al país provocó un aumento en la demanda. El asunto es que el país no puede soportar esa creciente demanda eléctrica.

Las conexiones ilegales no solo comprometen la calidad del servicio eléctrico, sino que también ponen en riesgo la seguridad energética del país.

La ANDE manifestó repetidas veces su preocupación por el impacto que estas actividades tienen en la calidad del servicio eléctrico. Todo esto en un contexto donde la infraestructura ya enfrenta desafíos significativos. Las conexiones irregulares provocan sobrecargas en las líneas de transmisión, lo que resulta en cortes de energía que afectan a la población.

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